Jaime Alonso Zetien Castillo — abogado y penalista, actualmente Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ha construido su carrera a través de sucesivos procesos públicos de selección por mérito desde 1994, y continúa creciendo profesionalmente, con la mirada puesta en el país y en su vocación por la academia.
Nacido en Cartagena de Indias en 1974, hoy con 52 años y casado, Jaime Zetien se formó como abogado en la universidad pública de su ciudad natal. Ingresó a la Fiscalía General de la Nación en 1994 mediante convocatoria pública y concurso de méritos, y desde entonces ha vuelto a presentarse y superar procesos similares varias veces más, hasta su designación más reciente como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior — Dirección Especializada contra la Corrupción.
Paralelamente ha sido docente universitario por más de dos décadas, formador de la propia Fiscalía y facilitador de la Agencia OPDAT de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Hoy, como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección Especializada contra la Corrupción, sigue sintiendo, después de tres décadas, el mismo gusto por el ejercicio del derecho y por la función de fiscal — y las mismas ganas de seguir aportando, tanto al país como a la academia.
Entre sus metas está seguir avanzando profesionalmente — lo que incluye, entre otras cosas, su aspiración a integrar la Corte Suprema de Justicia — como un acto de unidad para quienes estudian y constantemente administran justicia.
Una carrera con obstáculos que tocó vencer, construida con honestidad, sencillez y entrega a la administración de justicia y al servicio público. — Jaime Zetien Castillo
Experiencia en trabajo de equipo.
Respeto en la construcción de argumentación colectiva y/o individual.
Aptitud para la comunicación efectiva, resolución de conflictos y construcción de consensos, y conocimiento de los procedimientos de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004.
Trayectoria en la coordinación de equipos judiciales y de policía judicial.
Congresos, academias y estadías de formación cursadas fuera de Colombia a lo largo de su carrera.
Estos son los pilares que, a lo largo de tres décadas, han construido su trayectoria como jurista y como referente para sus colegas.
Desde su ingreso a la Fiscalía General de la Nación en 1994, ha vuelto a presentarse y superar convocatorias públicas de méritos varias veces a lo largo de su carrera, la más reciente en 2024.
Ejercicio en distintas jurisdicciones y niveles del sistema judicial, con seis títulos de posgrado y formación internacional en derecho europeo de los derechos humanos.
Más de 23 años como docente universitario, formador de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía, facilitador de OPDAT-Embajada de EE. UU., autor de un libro y de varios artículos y ensayos académicos.
Una trayectoria pública sostenida pese a las dificultades propias del ejercicio del cargo, con respeto por los conductos regulares, el trabajo en equipo y un genuino gusto por el ejercicio del derecho.
Más de 32 años de servicio público continuo, entre la Fiscalía General de la Nación y la Personería de Bogotá — construidos, en buena parte, a través de procesos públicos de selección por mérito.
Dirección Nacional contra la Corrupción, Fiscalía General de la Nación — nueva designación obtenida por convocatoria pública de méritos.
Personería de Bogotá, D.C.
Unidad de Justicia Transicional de Cali y Grupo de Compulsas de Copias, Bogotá — designación por proceso público de selección por mérito (posesión enero de 2024).
Distintos periodos, incluida su labor como Fiscal Coordinador del Grupo de Trabajo contra la Corrupción en la Contratación Estatal de Bogotá (2017-2020).
Ingreso en 1994 mediante convocatoria pública y concurso de méritos; ejercicio como fiscal local, seccional y especializado en Cartagena, San Andrés Isla y Bolívar.
Este libro consta de tres capítulos: un primer capítulo de contexto general, en el que se ubica el concepto de prueba, su naturaleza en el derecho procesal penal, los principios del proceso que la regulan y el derecho a la prueba en el proceso penal. A partir de ahí se determina la existencia de la prueba de refutación en el ordenamiento procesal penal interno y sus antecedentes legales.
La obra presenta un estudio socio-jurídico sobre la prueba de refutación en el proceso penal colombiano, vigente desde el Acto Legislativo No. 3 de 2002 y desarrollado mediante la Ley 906 de 2004, con una posición propia sobre la naturaleza y utilidad de esta figura a la luz del sistema adversarial.
Como resume el propio autor: la prueba y su práctica son una actividad que subyace a la búsqueda del conocimiento y a su confirmación en cualquier esfera del derecho, mediando siempre una confrontación ineludible entre las partes.
Un recorrido por los reconocimientos institucionales recibidos a lo largo de más de tres décadas de servicio, incluidas dos becas internacionales obtenidas por mérito académico.
Beca MSD-USAID, obtenida mediante selección por mérito entre docentes de universidades colombianas — American University, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2003
Beca por mérito de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) — título propio de Especialización en Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos, Universidad de Alcalá. 2004
Programa Especial de Formación PEF13, Universidad APEC, en Derecho Penal y Procesal Penal. 2008
Seis títulos de posgrado y dos procesos de formación en curso, todos en derecho o gerencia pública.
Universidad de Cartagena
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Alcalá, España
Universidad del Rosario
Universidad Externado de Colombia
Universidad La Gran Colombia
Corporación Universitaria Asturias / Instituto Europeo de Posgrados
Universidad Católica de Colombia
Para conocer más sobre su trabajo y trayectoria, puede encontrarlo en sus redes oficiales.